LA LUCHA HISTÓRICA DE LOS PAÍSES PRODUCTORES CONTRA LAS CONCESIONARIASA inicios del siglo XX los principales focos de producción petrolera del mundo eran los siguientes: Estados Unidos, México, Medio Oriente, Venezuela e Indonesia. El petróleo de Venezuela, Medio Oriente e Indonesia era explotado mayoritariamente por dos compañías europeas: la British Petroleum y la Royal Dutch Shell. Estas dos compañías junto a las estadounidenses Standard Oil de Nueva Jersey (Esso), la Standard Oil de Nueva York (Socony-Mobil) y la Standard Oil de California (Socal-Chevron), la Texaco y la GulfOil conformaron el Cártel Internacional del Petróleo en 1928, conocido popularmente como las Siete Hermanas.
Estas siete compañías establecieron un acuerdo que les garantizaba el reparto de la industria y la comercialización mundial del petróleo. Este acuerdo de intereses incluía el respeto por los mercados mutuos, una política secreta de precios, denominada Gulf Plus y la solidaridad frente a exigencias o nacionalizaciones, reaccionando inmediatamente conforme con las circunstancias y en función de sus intereses financiando boicots e incluso con la injerencia política.
Fue a partir de la promulgación de la Ley de Minas del 27 de junio de 1918, que la lucha entre el Estado y las compañías por el control de la industria petrolera nacional se centró en la metodología de reparto y el monto de la regalía y el impuesto sobre la renta a pagar por las últimas.
El 2 de junio de 1921, el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela promulga una segunda Ley sobre Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles. El presidente Gómez, cediendo a las presiones, permite que representantes de las compañías petroleras ayuden en la redacción de la Ley.
El 9 de junio de 1922 se sanciona una tercera Ley de Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles. El documento, simple y práctico, intenta resolver las ambigüedades de la Ley de 1921. Se aumenta el tamaño de las parcelas de explotación y se extiende su duración a cuarenta años.
A partir del año 1926 el petróleo pasa a ser el principal producto de exportación de Venezuela: 3.836.475 toneladas métricas, y la entrada de recursos fiscales reportan por un valor de Bs. 192 millones, sobrepasando los ingresos que tradicionalmente se obtenía de la actividad agrícola, y pasa a ser el motor fundamental de la economía venezolana.
Para finales de los treinta la totalidad de las concesiones venezolanas estaban repartidas en manos de tan sólo tres grandes compañías: Creole 50%; Royal Dutch Shell 35% y Mene Grande – GulfOil Co. 15 %, lo que evidencia lo monopolizada que se encontraba la actividad petrolera.
El 13 de julio de 1938, el Congreso Nacional sancionó una nueva Ley de Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles, notablemente diferente de las anteriores. Por primera vez se establece que el Estado podrá desarrollar actividades petroleras.
A partir de 1939, las relaciones de Venezuela con los Estados Unidos, su principal mercado exterior, estarían enmarcadas en el Tratado de Reciprocidad Comercial. Este Tratado viene a representar unos de los más leoninos y desventajosos que atentó contra el progreso económico y social de Venezuela en los últimos 100 años, por ser perjudicial a los intereses nacionales y por ser uno de los determinantes de los niveles de dependencia por las importaciones de bienes y servicios. Este Tratado afectaba directamente al empleo nacional y por ende, al desarrollo de una industria manufacturera fuerte y sostenible en el tiempo, que como consecuencia dio inicio al proceso acumulativo de la pobreza en Venezuela hasta la actualidad.
El 17 de julio de 1942, el presidente Isaías Medina Angarita recibe poderes extraordinarios por parte del Congreso Nacional, para asegurar un mejor aprovechamiento de las actividades de la industria petrolera nacional.
En el año 1943, se promulgó una nueva Ley de Hidrocarburos, de corte nacionalista, la cual logró unificar todos los instrumentos legales que existieron en Venezuela desde el Primer Código de Minas en 1854.
Entre los aspectos más importantes de esta Ley se consideran el incremento de la participación del Estado en las ganancias a través de los impuestos y la regalía 3%; el estímulo a la refinación de petróleo en el país; mayor control técnico de las operaciones por parte del gobierno; posibilidad de otorgamiento de nuevas concesiones. De igual manera, esta ley estableció que las compañías petroleras debían compartir sus ganancias con el Estado venezolano, a través del fifty-fifty, es decir, debían quedarse sólo con 50% y el otro 50% era para el fisco nacional.
Cuando el presidente Medina presentó la Ley de Hidrocarburos de 1943, ya insistía en el hecho de que Venezuela tenía que “dejar de ser un país que vive principalmente del cambio de divisas petroleras por artículos importados”.
A pesar de que para 1948 las compañías transnacionales controlaban el 80% de las reservas petroleras y el 70% de la producción nacional, estas presionaban para que se les siguieran entregando el resto de las actividades y nuevas concesiones petroleras.
Pero el Gobierno nacional, presidido por el escritor Rómulo Gallegos y teniendo como Ministro de Fomento al experto petrolero Juan Pablo Pérez Alfonzo, cuyo despacho correspondía entonces todo lo relacionado con minas e hidrocarburos, comienza una lucha por defender la política de no más concesiones, el establecimiento de una compañía estatal y la venta pública y directa del petróleo.
Ya para 1950 el equilibrio petrolero del mundo comenzaba a cambiar. Las tendencias liberales dentro de los Estados Unidos y Europa comienzan a exigir participación en la industria petrolera.
A pesar de que para 1948 las compañías transnacionales controlaban el 80% de las reservas petroleras y el 70% de la producción nacional, estas presionaban para que se les siguieran entregando el resto de las actividades y nuevas concesiones petroleras.
En el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, en los años 1956 y 1957, se otorgaron nuevas concesiones a las compañías petroleras internacionales. Todo esto ocurre a pesar de que expertos venezolanos en la materia petrolera, entre ellos Juan Pablo Pérez Alfonzo, advertían las inconveniencias de otorgar nuevas concesiones petroleras.
El 19 de diciembre de 1958, el presidente provisional de Venezuela, Edgar Sanabria, establece el Decreto N° 476, el cual introduce nuevos cambios en la Ley de Impuesto sobre la Renta, considerados radicales, que beneficiaban directamente al país. Por otra parte la Shell comienza una política de reducción de los precios de cotización de sus crudos venezolanos para que los ingresos por conceptos de pago de impuesto fueran menores ante el fisco nacional. Meses después las demás compañías tomaron la misma decisión.
En el año 1959 se suspendieron nuevamente las entregas de concesiones, pero ya más del 95% de las áreas explotables y por explotar estaban en manos de las transnacionales.
El 19 de abril de 1960 por decreto presidencial se establece la compañía petrolera estatal Corporación Venezolana del Petróleo CVP para desarrollar y administrar todos los procesos de la industria petrolera venezolana, pero que se dedicó principalmente al mercado doméstico de productos derivados del petróleo y a la distribución de gas en la zona metropolitana, ocupándose en reducida escala de la exploración y del comercio internacional. La CVP va a significar la primera incursión del Estado venezolano en el negocio petrolero para la cual comienza a recibir a partir de 1961 una serie de activos y hectáreas para la explotación del petróleo y gas.
Hasta aquí hemos visto como a partir de 1949 el cártel petrolero internacional comienza a perder fuerza en el mercado petrolero mundial producto del aumento de la producción en Medio Oriente que estimuló la aparición de nuevas compañías independientes que competirían en todos los procesos propios de la industria.
Las nacionalizaciones también representaron un duro golpe. Pero la batalla que se da entre los países consumidores contra los productores por menores precios y entre los países productores y las compañías transnacionales petroleras provocaron la caída en los precios del petróleo, obligando a varios productores importantes a conformar una organización de propietarios de petróleo: la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El 14 de septiembre de 1960 se crea la OPEP, organismo de consulta regular entre sus miembros con el fin de defender los precios y mayor participación en la renta petrolera por los países productores. El nacimiento de la OPEP va a representar el fin del dominio del cártel de las Siete Hermanas.
El 30 de julio de 1971 el presidente Rafael Caldera promulga la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, para asegurar la continuidad y eficiencia de la actividad petrolera una vez que venzan las concesiones vigentes. El 4 de agosto las compañías petroleras Shell, Creole y Mene Grande introducen demanda de nulidad de la Ley de Bienes Afectos a Reversión ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, El Procurador General del República solicita a la Corte Suprema de Justicia que declare sin lugar las demandas a la ley de “reversión”.
En enero de 1973, comienza la crisis energética en los Estados Unidos. El 5 de Febrero de 1973, los Estados Unidos promueve la formación de la Agencia Internacional de la Energía para contrarrestar a la OPEP.
El 18 de octubre de 1974, la Comisión Presidencial de la Reversión aprueba el proyecto de ley de “nacionalización”, conforme al cual se eliminaba la posibilidad de crear empresas mixtas. El 13 de diciembre del mismo año, termina en Viena, Austria, la XLII Conferencia de la OPEP, presidida por Valentín Hernández Acosta, en la cual se acuerda establecer un sistema de precios únicos para el petróleo.
El 9 de abril de 1975, el partido MEP denuncia que el Gobierno negocia en secreto la nacionalización con las empresas petroleras, lo cual es negado por el Despacho de Minas e Hidrocarburos, y el 29 de agosto de 1975, el presidente pone el ejecútese a la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Un día después, por Decreto Presidencial Nº 1123, se constituye Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa encargada de la planificación, la coordinación y la supervisión de la industria petrolera nacional.
Seguidamente, en septiembre se anuncia que las empresas operadoras nacionales sustitutivas de las concesionarias se llamarán Lagoven (Creole), Maraven (Shell), Meneven (Mene Grande), Deltaven (Texaco), Palmaven (Sun), Amoven (Amoco), Boscanven (Chevron), Vistaven (Mito Juan), LLanoven (Mobil), Roqueven (Phillips), Guariven (Las Mercedes), Bariven (Sinclair y Atlantic) y Taloven (Talon).La Ley de Hidrocarburos de 1943 estuvo vigente en Venezuela hasta el primero de enero 1976 cuando entra en vigencia la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, terminando así con la etapa de “las concesiones” dando inicio a otra etapa de lucha de la historia petrolera venezolana por el control de los recursos petroleros.
