Los virulentos sucesos que la historia recuerda como “El Caracazo”, ocurridos los días 27, 28 y 29 de febrero de 1989, y que cambiaron indudablemente la vida de Venezuela, no pueden entenderse como un hecho aislado, pero su explicación puede encontrar asidero en la desilusión generalizada del país frente al panorama sombrío en que éste se encontraba en 1989. Una grave crisis económica, los cotidianos escándalos de corrupción, los asesinatos de estudiantes y la represión despiadada del gobierno contra la protesta popular, fueron el caldo de cultivo para la desesperación del pueblo, ante la inercia de una clase política que no tenía la capacidad de dar respuesta a aquella dura realidad.
Jaime Lusinchi: el gobierno del descalabro económico
El gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) afrontó duras pruebas en el campo económico y su gestión se caracterizó por un plan orientado al refinanciamiento de la deuda, lo que logró en 1986, anunciando con bombos y platillos que se había obtenido “el mejor refinanciamiento del mundo”. Junto con ello el gobierno estableció un control de cambio a fin de evitar la fuga de capitales, para lo cual creó la “Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales”, popularmente conocida como RECADI. En un primer momento estas medidas funcionaron, pero al caer los precios del petróleo el descalabro no se pudo evitar y al final la situación fiscal del país se hizo insostenible: la deuda externa, la inflación, el déficit en la balanza comercial y de pagos, y la merma de las reservas internacionales, para enero de 1989, dejaron al país en una posición muy compleja y difícil.
Pero lo realmente dramático fue el desconocimiento que la mayoría de los venezolanos tenía de esa situación, dada la gestión comunicacional llevada a cabo por el gobierno de Lusinchi. Este factor fue tan decisivo que, pese a los graves problemas económicos, el gobierno terminó su período con altos índices de popularidad, lo que se debió principalmente al hecho de que la mayoría parlamentaria del partido Acción Democrática, por una parte, y el control de la entrega de dólares preferenciales administrado por RECADI, por otra, causaron que los medios de difusión (sobre todo los impresos), silenciaran la crítica situación.
Mientras esto ocurría en el plano económico, Venezuela se sumergía en una degradación moral sin precedentes. La corrupción generada por el control de cambio administrado por RECADI mostraba cada día proporciones agigantadas, mientras el poder que la secretaria privada del presidente Lusinchi, Blanca Ibáñez, alimentaba la comidilla del país, resaltando las historias de los manejos ilícitos de quien en poco tiempo pasó a ser la esposa del presidente, y por ende Primera Dama de la República. Por añadidura, el espíritu represivo característico del puntofijismo, que acompañó toda la gestión de Lusinchi, acrecentaría el descontento popular durante aquellos meses previos al Caracazo, generado principalmente por episodios como los siguientes.
El Marzo merideño
El viernes 13 de marzo de 1987, un joven estudiante de ingeniería de la Universidad de Los Andes (ULA) fue herido a las puertas de una residencia privada. El victimario, un abogado poderoso de la región, le disparó al joven, quien se había orinado a laa puertas de su vivienda durante una caravana festiva.
Alegando la falta de justicia y la infalible influencia de los poderosos, un grupo de estudiantes tomó la residencia del agresor y estuvo a punto de lincharlo. La policía logró rescatar al abogado pero no impedir que la multitud desalojara la casa y la incendiara.
Cuando se conoció la muerte del estudiante la ciudad se vio sumida en el caos por los saqueos, el incendio de la casa del partido AD el día sábado, de los Almacenes Militares el domingo, barricadas en la avenida Las Américas, quema de autobuses, así como apedreamientos y fogatas en diversos lugares.
Esta situación impuso la suspensión de las clases en el estado y el gobierno regional sacó a la calle la Guardia Nacional. Tres días después los heridos llegaban a la veintena, con más de 500 detenidos y pérdidas materiales calculadas en 10 millones de bolívares. Este suceso inédito encontró explicaciones diversas: mientras el rector de la ULA y el gobernador de Mérida afirmaban que el hecho se había debido principalmente a la falta de justicia en el país, el gobierno de Lusinchi consideró que esos sucesos fueron promovidos por grupos de extrema izquierda, quienes planificaban un plan nacional de agitación con el fin de propiciar una explosión social que desestabilizara el sistema democrático.
La Masacre de El Amparo
Otro hecho fatal lo constituyeron los cruentos sucesos del 29 de octubre de 1988, conocidos como “La Masacre del Amparo”, donde resultaron asesinados 14 pescadores bajo el argumento de que eran guerrilleros colombianos. Pronto se dio a conocer una versión diferente a la oficial bajo la presión de los habitantes de El Amparo: la masacre había dejado dos sobrevivientes, quienes narraron cómo fueron atacados por los efectivos del “Comando Especial de Contrainsurgencia José Antonio Páez” (CEJAP), y quienes encontraron el apoyo y protección de los parlamentarios Walter Márquez y Raúl Esté. Con este escándalo, el país entero entró en una gran conmoción ante la brutal evidencia de cómo los organismos del Estado habían mentido y tergiversado la verdad de un suceso de suma gravedad.
Pero quizás lo más lamentable fue que,una vez conocida la versión de los sobrevivientes,el gobierno siguió defendiendo la tesis de que los asesinados eran guerrilleros que habían muerto en un enfrentamiento con el CEJAP, negándose a investigar esas denuncias y demostrando cómo el Estado se manejaba con base en la defensa de intereses y de grupos de poder que se presumía estaban detrás de aquellos hechos terribles.
El regreso de Carlos Andrés PérezEn diciembre de 1988 se realizarán elecciones presidenciales en un escenario nada alentador para el eventual triunfador, dados los graves problemas del país. Así ganaría la contienda Carlos Andrés Pérez con un 48% de los votos. Pese a no contar para el momento con el apoyo de la cúpula de su partido, había logrado imponerse bajo la bandera de la nostalgia de la “Gran Venezuela”, lema de su gobierno durante los años 1974-1979.
Aunque Venezuela era un país muy distinto y los problemas heredados durante décadas ya alcanzaban niveles realmente alarmantes, sin embargo muchos electores vieron en el retorno de Pérez a la presidencia la vuelta a la “Venezuela Saudita”, en la que se escondían a través del derroche los graves problemas del país como la exclusión social y el desastre económico.
Una señal de este último la daría Lusinchi en enero de 1989, cuando anunció que Venezuela no podía pagar su deuda, debido a que se habían agotado las reservas internacionales. Pero las declaraciones del mandatario saliente rayaron en el descaro o la irrisión al afirmar que “la banca lo había engañado”, empeñándolo en aquel refinanciamiento, cuyo fracaso era evidente, y que el mismo Lusinchi había anunciado dos años antes como el mejor del mundo.
En pocas palabras, una vez electo Carlos Andrés Pérez, la terrible realidad económica del país salió a la luz pública, justificando el escenario para la inminente entrega del país al Fondo Monetario Internacional. Ello no impediría que el 2 de febrero se realizara una fastuosa toma de posesión en el Teatro Teresa Carreño, demostrando la alarmante ceguera de la clase política, ya que en medio de todos los problemas anteriormente descritos no era comprensible la fastuosidad de tal acto, al que la gente llegó a referirse como la “Coronación”.
Apenas tomando la presidencia CarlosAndrés Pérez, todos los deseos y esperanzas de sus electores se verían truncados frente a las medidas económicas neoliberales que el nuevo mandatario anunciaría al país, a pesar de haberse negado durante su campaña a ser partidario de implementar tales medidas, ayudando así a la explosión del desencanto y la inconformidad de un pueblo que se encontraba en un callejón sin salida.
Crónica de una rebelión popular 27 y 28 de febrero de 1989
Miércoles 1 a Martes 7 de febrero
El gabinete económico designado por el Presidente Carlos Andrés Pérez (CAP) realiza su primer anuncio oficial; el equipo considera que los desequilibrios fiscales, cambiarios y el endeudamiento externo justifican la aplicación de un paquete de medidas económicas que, bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), contempla una mayor participación del sector privado en la economía nacional, así como un incremento generalizado en las tarifas de los servicios públicos y los combustibles.
Extraoficialmente una fuente del Ministerio de Energía y Minas revela que el aumento de la gasolina busca reducir el consumo interno y asegurar un excedente exportable que reportaría un estimado de un millón de dólares diarios.
Contradiciendo las declaraciones oficiales, Moisés Naim, Ministro de Fomento, declara que, para tranquilidad de los venezolanos, no se ha contemplado un plan de liberación de precios. Entretanto, el Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) responde al gobierno advirtiendo que no han sido consultados sobre las medidas económicas, y que de no aprobarse el aumento del 50% en el salario mínimo tomarían acciones de calle como protesta. La crisis comienza a mostrar sus primeros síntomas y en los mercados populares de Caracas empiezan a hacerse largas colas para comprar alimentos.
Miércoles 8 al Miércoles 15
La ausencia de una campaña informativa oficial genera un desconcierto en la población venezolana que es captado por diversos medios de comunicación. El gobierno nacional, obviando todo mecanismo de consulta popular, notifica al país —por medio del Ministro de la Secretaría de la Presidencia Reinaldo Figueredo—, que el paquete económico se encuentra preparado y será explicado al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Democrática (AD), la CTV, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y los partidos políticos antes de su aplicación.
Mientras fuentes no oficiales indican que los ajustes en las tarifas de los servicios públicos (teléfono, agua, electricidad, transporte terrestre y aéreo) rondarían entre un 30% y 50%, Naim, en una reunión con los directivos de los medios, declara que “En 1989 habrá la más alta inflación que ha tenido Venezuela en toda su historia…”. A la salida de dicho encuentro, el diputado Miguel Henrique Otero señala que la reforma económica por implementar es “… la salida menos dolorosa para el país en esta crisis.” Líderes políticos opositores critican el programa gubernamental por ser improcedente y representar un modelo alejado de la realidad político-social venezolana.
Se presentan numerosas irregularidades con la venta de sal, café y pan en la región occidental del país, y en los abastos y supermercados de Caracas arrecia la escasez de leche en polvo, pasta, aceite comestible y demás víveres.
Jueves 16 al Jueves 23
El 16 de febrero CAP informa al país la puesta en práctica del referido paquete económico e insta al pueblo venezolano a comprender el nuevo rumbo que tomará la Nación, sin aclarar el contenido de las medidas, su impacto a corto plazo y la justificación objetiva de su implementación.
La declaración presidencial suscita opiniones encontradas entre diversas personalidades del acontecer nacional: Rafael Caldera y Luis Herrera Campins coinciden en afirmar que al hacerse efectivo el nuevo lineamiento económico, los sectores menos favorecidos se verán seriamente afectados y el país entrará en una etapa de turbulencias sociales.
Por su parte el escritor Arturo Uslar Pietri afirma que, aunque no ha analizado el contenido de la normativa económica que entrará en vigencia, considera que son disposiciones “coherentes y ajustadas a la realidad”. En representación de la iglesia venezolana el Cardenal José AlíLebrún expresa su confianza en las políticas económicas de CAP.
IsmeniaVillalba, en nombre del partido Unión Republicana Democrática (URD), comparte esta visión, pero acota que no se han estipulado soluciones a la clase baja y media. Sin embargo, líderes políticos como Hilarión Cardozo, del Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), Pompeyo Márquez, del Movimiento al Socialismo (MAS), y el dirigente vecinal Elías Santana, se oponen a las medidas económicas del gobierno por considerarlas inconsultas y perjudiciales para el grueso de la población.
Dos días después de la alocución presidencial, Celestino Armas, Ministro de Energía y Minas, da a conocer los nuevos precios de la gasolina: Alta de 1,50 Bs. a 2,75 Bs. y Media de 1,30 Bs. a 2,55 Bs. Igualmente señala que se pondrá en vigencia un incremento del 40% en el costo de las bombonas de gas. Crecen las denuncias de acaparamiento de productos de la cesta básica en todo el país; la escasez y la especulación se agudiza en Caracas y las ciudades vecinas.
Viernes 24 al Martes 28
El aumento de la gasolina intensifica el clima de incertidumbre y en los principales centros poblados del país la población denuncia constantemente —sin obtener respuesta de las autoridades competentes— la escasez de alimentos y la especulación.
El 26 de febrero el gobierno nacional decreta oficialmente un aumento del 30% en las tarifas del transporte público urbano e interurbano; la disposición no es acatada por numerosas organizaciones de transportistas que, ante la actitud pasiva del gobierno, imponen un incremento del 100%.
En la mañana del 27 de febrero, en Guarenas el pueblo reclama por el aumento desmedido del pasaje y el descontento social se generaliza. En pocas horas las protestas tienen lugar en Caracas y se reportan alteraciones al orden público en La Guaira, Maracay, Valencia Barquisimeto, Anaco, Mérida, Ciudad Guayana y otras ciudades de Venezuela.
El día transcurre en disturbios y enfrentamientos entre efectivos policiales y un pueblo que, cansado de la injusticia, el engaño y la opresión, decide apropiarse de la mercancía de abastos, supermercados y otros comercios.
El gobierno nacional, incapaz de controlar la situación, suspende las garantías constitucionales, declara un toque de queda y, sin previo aviso o mediación, reprime al pueblo con la activación de efectivos militares.
El día 28 de febrero, mientras el pueblo aún continúa en las calles, se reportan centenares de muertes y más de mil heridos. CAP declara que no se justifica el estado de efervescencia y añade que las medidas económicas son necesarias para salir de la crisis, pidiendo a la población que confíe en que todo se resolverá satisfactoriamente.
Mientras los reportes indican que la morgue de Bello Monte se abarrota de cadáveres ,y escasean las urnas y se improvisan fosas comunes, un vacilante Alejandro Izaguirre, Ministro del Interior y Justicia, anuncia al país que el gobierno está abierto al diálogo pero que no permite la violencia. El día finaliza y en las calles reina el pánico, el dolor y la desesperación.
Miércoles 1 al Martes 7 de marzo
Luego de dos intensas jornadas, y mientras aún persiste una feroz represión contra las manifestaciones populares, el gobierno venezolano firma el 1 de marzo una Carta de Intención con el FMI, solicitando un préstamo para afianzar la aplicación del paquete económico. Comienzan a activarse planes de emergencia; se redefinen provisionalmente las tarifas el transporte público y se trazan estrategias de abastecimiento en las que el Estado se compromete a garantizar la seguridad —a través de una fuerte custodia militar—, además de crear un fondo de recuperación a los pequeños comerciantes. Colapsan los hospitales de Lídice, Los Magallanes y Catia; se restablece en un 50% el transporte público y el ausentismo laboral rebasa el 80%.
El 3 de marzo el gobierno nacional emprende una violenta arremetida en los sectores populares. El Oeste de Caracas aún se mantiene convulsionado, la urbanización “23 de Enero” es asediada y todos sus accesos tomados y fuertemente vigilados. Luis Fuenmayor Toro, rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), denuncia persecución y allanamientos a miembros de la comunidad universitaria. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Luis Vega Godoy, pide que se restituya la libertad de expresión.
En declaraciones a los medios, el 6 de marzo CAP sostiene que los acontecimientos vividos en Venezuela responden a “… una violencia social que tuvo como objetivo protestar contra la especulación”. Ese mismo día el Ministro de la Defensa, Italo del Valle Alliegro afirma que “En Venezuela no hay desaparecidos ni un Estado represivo…”
Finalmente el 7 de marzo se declara la suspensión del toque de queda en todo el país, y a fin de recuperar el liderazgo en los sectores populares el gobierno nacional informa al país que invertirá unos 20.000 millones de bolívares en barriadas y comunidades de escasos recursos.
Mientras las aseguradoras estiman que las pérdidas superan los 2.500 millones de Bs. y las entidades financieras promueven ayudas, aún no se tiene una cantidad real de las muertes. Aunque informaciones oficiales estiman unos 300 decesos y 1.500 heridos, las cifras particulares superan el millar de venezolanos asesinados durante los eventos del llamado “Sacudón” o “Caracazo”.
El Caracazo desde la prensa
Un nuevo gobierno una reforma económica
La mañana del 2 de febrero, los venezolanos presenciaron en cadena nacional la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Desde su elección en diciembre de 1988, las expectativas crecían acerca de la política del nuevo gobierno, en especial sobre el modo en que habría de enfrentar la crisis económica que padecía Venezuela desde años atrás. A ese propósito, CAP acordó que la aplicación de una reforma económica podría estabilizar la situación del país.
Un nuevo gobierno una reforma económica
La mañana del 2 de febrero, los venezolanos presenciaron en cadena nacional la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Desde su elección en diciembre de 1988, las expectativas crecían acerca de la política del nuevo gobierno, en especial sobre el modo en que habría de enfrentar la crisis económica que padecía Venezuela desde años atrás. A ese propósito, CAP acordó que la aplicación de una reforma económica podría estabilizar la situación del país.
A los pocos días de asumir la presidencia, Pérez y su gabinete se instalaron para sentar las bases y estructuras de las medidas recomendadas por especialistas económicos internacionales. Entre los principales interesados extranjeros se encontraba el Fondo Monetario Internacional, el cual presentó sus recetas, diseñadas para ejecutarse en países que padecieran una crisis económica. En la prensa pudo leerse: “AD confirma aplicación de la receta del FMI”. También la prensa reseñaba cómo la oposición consideraba que la aplicación de las medidas era un gran riesgo para la estabilidad del propio gobierno, ya que afectaba drásticamente las condiciones de vida de los venezolanos. El mismo bando del gobierno se mostró suspicaz y cauteloso a los pocos días de ser anunciadas las pautas. “CEN de AD pidió a CAP aplazar el paquete de medidas hasta lograr la concertación”. Acción Democrática veía peligrar sus propios intereses. Se consideraba el “costo político” de la reforma.
“El gobierno muy claro sobre el paquete pero el partido no por costo político”. Pronto se celebrarían las elecciones municipales, donde AD aspiraba a sacar jugosas ganancias.
Las dudas crecían en los sectores populares, quienes cada vez se descubrían más amenazados. “Escepticismo ante medidas económicas del nuevo gobierno con pánico por estampida sin control del costo de la vida”.
El gobierno por su parte auguraba una estabilidad económica gracias al plan de medidas. “Sin embargo, para los tecnócratas el objetivo fundamental es lograr a como dé lugar ese ansiado crecimiento económico, que al final sólo favorece a pequeños sectores de la sociedad sin importar los desajustes sociales que esas medidas puedan generar”.
Pero el gobierno tampoco aportaba información precisa sobre el plan económico que pudiera aplacar las inquietudes reinantes. “Tensión en reunión en la Casona para paquete de medidas económicas”.
Solamente se conocían las direcciones del plan: eran la liberación de precios en alimentación, servicios públicos y gasolina, además del incremento en las tasas de interés y negación de todo aumento salarial. Daba la impresión de que el mismo gobierno consideraba que el paquete era drástico para el sector popular, lo cual inquietaba aún más a éste. “El pueblo preocupado por su comida: Paquete de medidas económicas de CAP anuncian un Carnaval Negro”.
En una incertidumbre que aumentaba a diario, todos los ámbitos de la economía doméstica empezaban a verse conmocionados.
“El solo anuncio de las nuevas medidas económicas ha hecho polvo los sueldos”.
“Cada día vale menos el Bolívar del pobre para comprar su comida”. “Recetas del FMI infunden el pánico entre las amas de casa”.
“La gente del pueblo sabe lo que viene con el paquete y siente incertidumbre”.
Aparece el “Paquete económico”
La noche del 16 de febrero de 1989, el presidente Carlos Andrés Pérez presentó a los venezolanos, en cadena nacional, su proyecto llamado “Paquete económico”, como respuesta a la crisis económica que enfrentaba el país desde el “Viernes negro” (1983). Estas medidas fueron concebidas, según mencionó CAP durante la transmisión, “con miras a corregir de manera profunda y prolongada los errores y omisiones que han causado desequilibrios en el desarrollo del país”.
Tras conocerse las esperadas medidas, la prensa nacional prosiguió con la exposición diaria acerca de las preocupaciones del venezolano, quien se preguntaba cuán grande sería el impacto que generarían éstas en su día a día.
Todos sabían que el paquete iba a afectar de manera drástica al pueblo en general, pero que sería el sector popular el que sufriría más sus efectos, y ello mantenía al pueblo en un completo trance de inestabilidad económica: “EL pueblo venezolano lleva más de un año sin gozar de una cesta básica que le garantice una alimentación balanceada y a un costo que pueda sufragar con sus mermados ingresos”.
En una rueda de prensa dada pocos días antes del 27 de febrero, Pérez respondió a una serie de inquietudes de los periodistas reunidos en Miraflores. Como punto principal, CAP ratificaba el aumento salarial del 30%. “El Primer mandatario dijo igualmente que en el mismo decreto se eleva el salario mínimo nacional a 2.500 bolívares, para el sector campesino y a 4.000 bolívares para el urbano”.
El Caracazo
El paquete comenzaría a funcionar a primeras horas del 27 de febrero. Las reacciones se iniciaron en las paradas de autobuses cuando los pasajeros se enfrentaron con la especulación de los transportistas urbanos. “Transportistas aumentaron precios en 300% y no en 30%”, como lo ordenó el gobierno. Los focos de reacción comenzaron en el terminal de Guarenas-Guatire, luego la oleada se trasladó a Caracas y sucedió lo inevitable.
El paquete comenzaría a funcionar a primeras horas del 27 de febrero. Las reacciones se iniciaron en las paradas de autobuses cuando los pasajeros se enfrentaron con la especulación de los transportistas urbanos. “Transportistas aumentaron precios en 300% y no en 30%”, como lo ordenó el gobierno. Los focos de reacción comenzaron en el terminal de Guarenas-Guatire, luego la oleada se trasladó a Caracas y sucedió lo inevitable.
“Saqueos y disturbios en el país en contra de medidas económicas”.
La mañana del 28 de febrero, muchos de los diarios nacionales reseñaron los sucesos del día anterior: “Una ola de violencia y agitación sacudió ayer el país, en protesta por el alza de las tarifas de pasaje, gasolina y alimentos.
Los focos de mayor perturbación fueron Caracas, Guarenas y Los Teques, donde se registraron saqueos de comercios, vehículos incendiados, varios muertos, más de un centenar de heridos, detenidos y pérdidas multimillonarias.
En Mérida, San Cristóbal, Maracaibo, Puerto La Cruz, Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, Cumaná, Barquisimento, Valencia y Barinas, se repitieron los hechos de violencia con saqueos a supermercados y transportes de alimentos. En la Región Capital, la fuerza metropolitana de policía no pudo controlar a millares de personas que se lanzaron a la calle y asaltaron negocios en El Silencio, Parque Central, avenida Lecuna, Baralt, Libertador, Catia, Petare, y otros sectores. Los disturbios se mantuvieron hasta entrada la noche y en varias ciudades fue necesario sacar a la calle a la Guardia Nacional.”
Apenas a un mes de la toma de posesión del CAP, la prensa reseñaba cómo el país se recuperaba poco a poco del caos causado en los tres días de descontento popular. “El de ayer [01.03.1989] fue un día de tensa calma en algunos sectores de la ciudad, caracterizado por largas colas en locales comerciales que escaparon de la furia popular y que expendían algunos alimentos bajo la custodia de efectivos militares; porque ahora el problema es cómo abastecer”.
Se cernía el fantasma del desabastecimiento. “Efectivamente se inició otro problema después de dos días de violencia popular en contra de las medidas decretadas por el gobierno: surge la desesperación de la gente por proveerse de alimentos”. El gobierno hizo anuncios. “Plan de emergencia alimentaria implementaron sector privado y fomento”.
A pesar de lo inimaginable del monto de las pérdidas por los disturbios, el gobierno mencionó e “indicó que hay que garantizarle a los dueños de los establecimientos que pueden abrir sin problema sus negocios y en la seguridad de que no van a ser saqueados ni destruidos”. El plan de abastecimiento se cumplió en aquellos lugares que pasaron desapercibidos por el furor de los venezolanos. “En distintas zonas de Caracas, donde hubiera algún negocio con víveres u otros productos comestibles, los caraqueños iniciaron desde poco después de las seis de la mañana, hora permitida fuera del toque de queda, larguísimas colas para aprovechar la venta.”
En plan de reclamo, la oposición sentó su posición crítica. El más severo censor pareció ser el ex presidente Rafael Caldera. “Finalmente el doctor Caldera señaló que todos debemos reflexionar, los trabajadores, los empresarios, los partidos y por supuesto el gobierno, que no se debe encasillar en una posición de defensa de sus argumentos. “No tenemos por qué aceptar dogmas de organismos internacionales”.
Con la intención de fijar responsabilidades, Pérez calificó la “ayuda” del Fondo Monetario Internacional como el método incorrecto para lograr el deseado crecimiento económico. “CAP culpa al Fondo Monetario y acreedores de la violencia social en Venezuela”. Sin embargo, pareció ahondar en el análisis. “En Caracas hubo una explosión de insatisfacción popular comprimida durante todos estos años de dificultades porque hemos estado dedicando al pago de la deuda más del 50 por ciento del valor de nuestras exportaciones”. Y para concluir: “Dijo que el estallido es producto de las condiciones en que nos ha colocado la situación del pago de la deuda externa”.
