La década de los noventa del siglo XX, impactó significativamente la vida del venezolano actual. Los acontecimientos que se vivieron fueron producto de la descomposición de un sistema inviable. Muchos de estos hechos permanecen en la memoria, como los intentos de golpe de Estado de 1992, o la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez al año siguiente. En este contexto eventos claves para el análisis de nuestra contemporaneidad fueron los acaecidos a partir del 21 de enero de 1994, cuando se decretó la intervención del Banco Latino, el cual en ese momento era el segundo banco más grande del país, originando un efecto dominó que terminó por destruir una arquitectura financiera que se sostenía por la corrupción que reflejaba el manejo mismo de la nación, trayendo consecuencias catastróficas para un pueblo que buscaba alternativas a las estructuras que lo condenaban a la miseria.
Nada más que poder Encontrar un origen al declive financiero nacional nos conduce a indagar en los intereses generados en la década de los ochenta por los grupos de poder que controlaban el país. Esta época se caracterizó por la imposición de un estilo de vida centrado en el consumismo, modelo que caería por su propio peso con los acontecimientos del 27 de febrero de 1989. Esto aumentó la ambición de los empresarios, políticos y altos militares por acceder al poder.
De esta manera se forjó una serie de alianzas entre los estamentos de poder, hecho que se reflejó en dos bandos que se disputaron el liderazgo y la participación del sector financiero. El primer grupo estaba integrado por Pedro Tinoco, José Álvarez Stelling y Orlando Castro, de los bancos Latino, Consolidado y el Grupo Latinoamericano, los cuales estaban en constante disputa con la asociación formada por Carlos Alberto Bernárdez y José María Nogueroles, de los bancos Venezuela y Provincial, respectivamente.
Con la salida de Tinoco de la presidencia del Latino para asumir las riendas del Banco Central de Venezuela en el gobierno de Pérez, la dirección de aquel banco quedó en manos de Gustavo Gómez López, cuya gestión logró colocar a la institución entre las primeras del país, hecho respaldado por la inyección de fondos públicos por parte de Pérez. El Grupo Latino se dedicó a comprar otras entidades, financiar proyectos inmobiliarios, abrir oficinas en otros países como EE UU y Suiza, y apoyar a sus aliados con el objetivo de adquirir los bancos de la competencia. El interés principal se centraba en la compra del Banco de Venezuela por parte de Orlando Castro, quien, con el apoyo de Gómez López y Álvarez Stelling, propició en 1992 un proceso de auditorías en este banco con la finalidad de intervenirlo para su posterior remate. La intervención a puertas cerradas no se dio y el presidente de Sudeban, Roger Urbina, decidió aplicar a esta institución la ridícula multa de 1.170.000 Bs. Las alianzas que se realizaron de cara a las elecciones presidenciales del 5 de diciembre de 1993 fueron motivadas por esta situación, ya que los grupos financieros tenían claro que la prioridad era lograr la debacle del adversario para obtener el poder.
Una cuenta muy cara
El año de 1993 fue de grandes dificultades. El retroceso económico alimentaba un ambiente social convulsionado por la situación política y electoral. Las campañas electorales fueron auspiciadas por los grupos financieros, quienes apostaron a la victoria sin importar las consecuencias. La dirigencia del Latino apoyó dos candidaturas: en primer lugar la de Oswaldo Álvarez Paz de Copei, y de forma alternativa la de Andrés Velásquez. La alianza del Banco de Venezuela y el Provincial respaldó la candidatura de Rafael Caldera, quien repuntaba en las encuestas, convirtiéndose en uno de los candidatos más solventes. La campaña electoral se realizó paralelamente a las crecientes inversiones del Latino, sobre todo en el sector inmobiliario, así como a la aplicación de tácticas para atraer clientes que fueron calificadas como estafa.
Lo cierto es que el Banco Latino manejó el 20 por ciento del dinero circulante de la nación respaldado por una imagen mediática impecable. En agosto de 1993, la campaña se inclinó por la “guerra sucia” y los medios de comunicación fueron el arma preponderante.
Los agrupados en torno a la candidatura de Álvarez Paz y el Banco Latino tuvieron el apoyo propagandístico de la empresa Venevisión (Ricardo Cisneros era miembro de la junta directiva de este banco). Por su parte, Caldera fue respaldado por Marcel Graniery Peter Bottome, quienes pusieron a disposición del futuro presidentea Radio Caracas Televisión,Radio Caracas Radio y El Diario de Caracas, con la intención de desprestigiar al Banco Latino, eje de las operaciones de Álvarez Paz, quien había sido gobernador del estado Zulia.
La estrategia consistió en propagar el rumor de que el Banco Latino tenía un déficit de 4000 millones de bolívares, los cuales habían sido otorgados a Álvarez Paz para su campaña. Esto generó un clima de inquietud entre los ahorristas. La propaganda contra el Latino originó que la Disip investigara a Gómez López por su presunta vinculación en planes para derrocar al gobierno interino ante la inminente derrota de Copei.
No se comprobó nada, pero las especulaciones aumentaron. En el último trimestre de 1993 se inició una corrida de retiros que prácticamente desfalcaron al banco, perdiéndose clientes particulares y cuentas públicas. La victoria de Rafael Caldera el 5 de diciembre de ese año agudizó esta situación.
El balance de pagos del Banco Latino estuvo en su contra a inicios de 1994. De igual manera, la cantidad de cheques pagados fue superior a la cantidad de cheques cobrados, lo que desequilibró la solvencia y produjo que el banco quedara sin fondos. Ante la incapacidad de adquirir préstamos (los aliados iniciaron un proceso similar al del Latino), la solución era acudir a la Cámara de Compensación del BCV. La cuestión era que el banco poseía una deuda de 4000 millones de bolívares, por lo cual la Cámara no lo respaldaría al menos que pusiera en balance sus cuentas.
El 13 de enero de 1994, la presidenta del BCV, Ruth de Krivoy, dio plazo hasta las 4 pm para cancelar, de lo contrario el Latino sería excluido de la Cámara de Compensación. La directiva del banco decidió no solicitar auxilio a Fogade, ya que poseía unos bonos del Centro Simón Bolívar con un valor aproximado a los 12000 millones de bolívares. El pago de dichos bonos se demoró por errores de impresión, lo cual evitó su negociación. Cuando se logró el visto bueno del Ministerio de Hacienda para la venta de los bonos por 8000 millones de bolívares, el plazo estipulado había caducado. El Banco Latino estaba en quiebra, lo que se oficializaría el 21 de enero con su intervención.
LOS RESULTADOS DE LA INFAMIA
La situación del Banco Latino generó un efecto en cadena que llevó a la intervención de diecisiete bancos, entre ellos, Progreso, Consolidado y República, lo cual se correspondía con un tercio de la banca comercial. Los auxilios de Fogade para respaldar los depósitos fueron de aproximadamente 6600 millones de dólares, hecho que marcó el declive de esta institución financiera. El Banco Latino despidió a cerca de 70 por ciento de los empleados de mediano y bajo rango, quienes tuvieron que esperar más de seis meses para recibir sus compensaciones. A los clientes con fondos superiores a cuatro millones de bolívares se les solventó con bonos que serían pagados entre diez y quince años después. Este episodio inició una de las crisis económicas más graves de la historia de Venezuela, el descalabro financiero desestabilizó todos los sectores, lo que facilitó al gobierno de Caldera la aplicación de la Agenda Venezuela, que promovió la devaluación de la moneda en 70 por ciento, el aumento de la gasolina en 800 por ciento y la entrega de la producción de petróleo mediante la llamada “Apertura Petrolera”. Todas estas medidas aumentaron la pobreza y el desabastecimiento en el país. La respuesta del pueblo no se hizo esperar, sólo que el estallido social se reflejó en las elecciones de 1998.
La situación del Banco Latino generó un efecto en cadena que llevó a la intervención de diecisiete bancos, entre ellos, Progreso, Consolidado y República, lo cual se correspondía con un tercio de la banca comercial. Los auxilios de Fogade para respaldar los depósitos fueron de aproximadamente 6600 millones de dólares, hecho que marcó el declive de esta institución financiera. El Banco Latino despidió a cerca de 70 por ciento de los empleados de mediano y bajo rango, quienes tuvieron que esperar más de seis meses para recibir sus compensaciones. A los clientes con fondos superiores a cuatro millones de bolívares se les solventó con bonos que serían pagados entre diez y quince años después. Este episodio inició una de las crisis económicas más graves de la historia de Venezuela, el descalabro financiero desestabilizó todos los sectores, lo que facilitó al gobierno de Caldera la aplicación de la Agenda Venezuela, que promovió la devaluación de la moneda en 70 por ciento, el aumento de la gasolina en 800 por ciento y la entrega de la producción de petróleo mediante la llamada “Apertura Petrolera”. Todas estas medidas aumentaron la pobreza y el desabastecimiento en el país. La respuesta del pueblo no se hizo esperar, sólo que el estallido social se reflejó en las elecciones de 1998.
